El problema de la cuantificación del fraude fiscal o la estimación cuantitativa de lo que se ha dado en llamar "economía sumergida" es una cuestión muy peliaguda. Es difícil encontrar estudios fiables y serios, pues se trata, precisamente, de cuantificar lo que está "sumergido", oculto, lo que lucha por no dejarse ver. Lo que se suele publicar son estimaciones a voleo, inverificables y, por tanto, sesgadas según los intereses de quien da las cifras.
Pero creo que se pueden poner seriamente en cuarentena las afirmaciones sobre la trascendencia relativa del fraude en el sector inmobiliario. Por un lado es cierto que se trata de transacciones de cuantia singularmente grande. Pero, por otro lado, mientras compramos casi cada día pequeños artículos y servicios, compramos una casa una, dos o, como mucho, tres veces a lo largo de toda nuestra vida. Muchísima gente no la compra nunca. Además, mientras que si yo llamo a un fontanero a casa o llevo el coche al taller eso puede quedar oculto,
todas (salvo un porcentaje ínfimo) las transacciones inmobiliarias se inscriben en el Registro de la Propiedad, y tanto los notarios como los registradores de la propiedad facilitan información a Hacienda de la identidad de los vendedores y compradores, del inmueble de que se trata, del precio e incluso de cómo se ha pagado el inmueble. Eso no ocurre prácticamente en ningún otro sector económico: cuando uno va al dentista, cuando otro contrata a un profesor particular para que le dé clases de guitarra, etc. No voy a negar que el precio declarado en la compraventa de inmuebles suele ser inferior al real pero no siempre y, además, en porcentaje bastante variable. Que piense cada uno qué cantidad pagó "bajo mano" cuando compró su piso (una vez en la vida, como digo) y cuánto dinero va soltando cada día sin que se le emita factura.
Ciertamente, no he querido poner en cuestión la legitimidad de la crítica sea a un inspector de Hacienda, sea a una catedrática. De hecho aquí ejercemos ese derecho. Pero una cosa es la crítica y otra hablar de lo que uno desconoce. Yo puedo tener derecho a criticar al catedrático de "Resistencia de materiales" de la facultad de Arquitectura; pero, prudentemente, no ejerceré ese derecho porque no tengo ni la más remota idea de qué contenido debe tener esa asignatura. Si ejerzo ese legítimo derecho, quedaré como un tonto; pero no si critico al profesor de "Historia de la filosofía medieval y renacentista". Suponiendo que Cortina se refiera a lo que tú dices, cosa que no es ni mucho menos segura, me sigue fallando el dato de que el título académico de Cortina, que aporta al pie de su artículo, la capacite para ese tipo de crítica en un medio público de gran difusión.
Finalmente, me gustaría que echases un vistazo al siguiente documento, pues es bastante revelador:
Memoria TCuentas 2009
Se trata del informe del Tribunal de Cuentas del año 2009. El Tribunal de Cuentas tiene como misión fundamental revisar la contabilidad del Estado y verificar que se ajusta a la legalidad. Ese control de legalidad es exhaustivo (aunque, naturalmente, se lleva a cabo con métodos estadísticos de muestreo). Pero realiza además otro control, el de eficiencia del gasto público. A tal fin se realizan programas selectivos de análisis de determinadas áreas. En lo que hace a la ayuda al desarrollo en ese año se revisó el Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior. Está en las páginas 45-46 del documento.
Como se ve en el informe:
1) En el periodo 1988-2006, sólo se dispuso del 73% de los fondos presupuestados. El 27% restante, al parecer, no era necesario.
2) Las cantidades se entregaban a unas "Entidades prestatarias" en el país de destino que luego distribuían dichos fondos de ayuda, utilizando sus criterios propios para ese reparto, criterios entre los que no entraba el "grado de pobreza".
3) El control posterior de la aplicación de esos fondos brilló por su ausencia.
4) La plantilla de personal de la Agencia Española de Cooperción Internacional y Desarrollo (AECID) era insuficiente. Así que todo se hacía a través de "contratación de asistencias técnicas" en vez de por funcionarios de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores. No hace falta ser un lince para saber lo que significan en nuestro país esas "asistencias técnicas" externas que contrata la administración.
Eso es lo que hay. Así que parece que, antes de pedir que se incrementen o no se reduzcan los fondos de ayuda al desarrollo, hay campo ahí para aplicar la "doctrina Cortina" contra la mala gestión.