Si volvemos al símil futbolístico, que soy de la albiceleste de adopción y muy canchera, lo que ha hecho el TC más que ser el árbitro que anula el gol del gobierno es que siendo el árbitro le hace una feísima entrada al gobierno antes de que chute a puerta. Y lo peor es que lo hemos visto todos. Y digo lo peor porque teníamos muy bien asimilado que los jueces eran independientes y sus decisiones neutrales. Pues no, son militantes. Ahora podemos preguntarnos porqué los eligen los partidos políticos (PP y PSOE), aspecto que antes nos la soplaba. Quien tiene mayoría en el TC o en el CGPJ, no solo puede influir en las sentencias que se dicten, sino que pueden tumbar leyes aprobadas por el parlamento en el que no tiene mayoría. Es decir, tapar sus propios delitos y gobernar desde ese otro poder “independiente”. Y me da igual el signo. Y el problema es que lo hemos visto todos. El gobierno pretende una modificación de la elección de magistrados TC desde otra del Código Penal, feo, oportunista (estaban tratando de reformar dos delitos a medida, algo que hizo el PP con el de malversación antes para meterle leña gorda al “proces”), pero no ilegal, y antes de que esto ocurra el Tribunal lo frena, con una votación en el pleno, para atender un recurso, y no de sala asignada y con magistrados caducados interviniendo en la decisión de si deben ser apartados o no. La jugada del gobierno, maestra, ha mostrado cómo funcionan las instituciones, ahora podremos preguntarnos si la ministra con su ley ha errado o si jueces “militantes” están haciendo su tarea. ¿Sabemos cuántas sentencias revisadas no han disminuido la pena del agresor o han aumentado las de antiguos abusadores?

Mirad esto o escuchadlo

Cuando en 2018 el PP defendía la renovación de los poderes judiciales, decía esto Rafael Hernando:

“El poder judicial es un poder del Estado que tiene que estar sometido a la soberanía nacional, tal como dice nuestra constitución… el congreso y el senado tienen que tener potestad de control sobre el consejo general de poder judicial porque si no estaría fuera de control democrático.”



Que sí, que nos han enseñado con toda impudicia las costuras del sistema, hemos visto en un flashazo cómo saltan las puntadas y se abren agujeros y se escapan las carnes. Tendrán que esforzarse mucho para remendarlas y que los contribuyentes sigamos creyéndonos este circo.

El TC no es poder judicial, luego no tiene sentido que sus miembros los elijan los jueces. El sistema de elección de los integrantes del TC que establece la Constitución a mi juicio es perfecto siempre que los partidos hacen un buen uso de él. Se exige una mayoría de 3/5 en Congreso y Senado para elegir a 8 de ellos, y por terceras partes cada tres años.

Si te piden 3/5 para elegir a la mayoría de sus componentes, la Constitución te está diciendo que te pongas de acuerdo con tu adversario político. Esto significa que los de la bancada izquierda no pueden proponer al ponente de la Gurtel, ni los de la bancada derecha a ese juez que es Consejero de la Comunidad de Madrid. Proponer algo así es buscar pelea y disenso. Hay que proponer algo que te guste y que sea aceptado por tu rival, es decir, alguien con prestigio y con independencia contrastada. En este país hay gente así, solo hay que tener ganas de elegirlos.

La vergüenza de todo esto es que los políticos no ocultan que consideran al TC una herramienta política más que quieren controlar, y a partir de ahí todo se desnaturaliza.

No, el TC no es poder judicial, pero es un tribunal y sus miembros son jueces o juristas. Tiene todo el sentido del mundo que sean elegidos por jueces.
Me hace mucha gracia eso de que el sistema que establece la Constitución es excelente siempre y cuando los partidos políticos hagan buen uso de él. Si hicieran buen uso de él no habría problema. El problema es precisamente que no lo hacen ni, conociéndoles, lo harán. Si la cosa funcionara, ¿quién iba a perder el tiempo discutiendo sobre nuevas formas de elección?

Por cierto, creo que Pedro Sánchez es un psicópata e Irene Montero una mema, opinión muy común y que, además, no vulnera las reglas del foro. Así que me sorprende que aparezca un moderador pidiéndome que edite estos mensajes

Yo creo que más allá de las peripecias del juego político que nos traemos en España, podemos analizar la situación creada desde un punto de vista filosófico.

La Ética de Kant, en mi opinión, tiene una impronta fuertemente jurídica. Kant entiende la Ética como un conjunto de reglas de "obligado cumplimiento" por el ser moral. Ciertamente la infracción contra las normas éticas no lleva aparejada una pena jurídica, pero no por ello dejan de ser categóricas, es decir, ineludibles.

Es difícil pensar en un imperativo categórico (en una máxima universal de conducta) dentro de la continua e innumerable secuencia de toma de decisiones que uno tiene que ir tomando en la vida diaria. Pero sí que es relativamente fácil pensar en un imperativo categórico como una ley abstracta, establecida y fijada previamente a cualquier toma de decisión, y a la que esta debería someterse.

A este respecto también me gustaría traer a colación el principio del "velo de ignorancia" a que se refiere John Rawls en su Teoría de la Justicia, que debería subyacer a toda norma jurídica reguladora de un sistema político. En el fondo es lo mismo que pide Kant: a la hora de establecer una norma (social, política o ética) hay que hacer caso omiso (¡si es que se pudiera hacer tal cosa!) del interés particular del sujeto legislador y aprobar una norma que pueda regir con carácter universal, fuese cual fuese la posición concreta del sujeto en la sociedad en cada situación particular.

Analicemos bajo esta óptica filosófica (y dejando de lado la lucha política particular del momento y las pulsiones sectarias de cada cual) los recientes sucesos en el Tribunal Constitucional y emitamos un juicio moral al respecto.

En contra de lo que se suele argumentar, la decisión del TC solo versaba sobre la solicitada adopción de una medida cautelar que impidiera que se aprobase en las Cortes una norma sin que antes hubiese sido adecuadamente tramitada. En particular, la forma de trámite de un par de enmiendas que reformaban la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, era tachada por el recurrente (el Partido Popular) de dos defectos:

1) Se tramitaban como proposición de Ley, no como proyecto de Ley. La tramitación como proposición de Ley, en vez de como proyecto de Ley, omite el trámite de informe previo (preceptivo pero no vinculante) del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial sobre el texto que se pretende aprobar.

2) Se tramitaban como enmiendas a una proposición de Ley que regula otra cuestión (Código Penal) lo que impide la presentación y discusión de enmiendas en las Cortes. Son lentejas, o las coges o las dejas.

Así que la cuestión filosófica es: ¿es moralmente admisible aprobar la modificación de las citadas Leyes Orgánicas de esa forma? Ciertamente la respuesta debe ser negativa. Si queremos, como Kant, que las normas no obedezcan a intereses particulares de sus promotores, sino a intereses universales, ciertamente el disponer de cuantos más informes técnicos se pueda, es absolutamente deseable. En tales informes se analiza la realidad objeto de legislación, se estudian precedentes y otras normas de Derecho comparado (vigentes en otros países) y, por tanto, se ofrece una perspectiva amplia para poder evaluar la pertinencia de la norma.

Por otro lado, al poderse presentar enmiendas por otros grupos parlamentarios, la perspectiva se amplia, pudiéndose escuchar otros puntos de vista, lo que enriquece la aspiración a la "universalidad" de la norma. Al escuchar a grupos políticos opuestos, se hace una simulación dialéctica del "velo de ignorancia", pues cada parlamentario podrá (si es que escucha a los otros) evaluar que tal vez en su situación actual esa norma le favorece, pero tal vez mañana se encuentre en una situación más precaria (políticamente hablando) y su propia ley, en manos de sus rivales, se vuelva en su contra.

En conclusión, parece un imperativo categórico en el orden legislativo una máxima de conducta como esta: "legisla siempre haciendo acopio de la máxima información posible sobre los efectos que puede tener la norma que vas a aprobar, y escucha a quienes se oponen a esa norma para intentar comprender los motivos de su oposición, porque tal vez mañana te encuentres tú en su situación de minoría".

¿Cómo va a ser moralmente admisible que se legisle con el menor conocimiento posible de los efectos de la norma o sin haber escuchado a las personas y grupos sociales y políticos que entienden estar siendo perjudicados por dicha norma? Es evidente que si se actúa de esta forma no se persigue un interés general (que es el objetivo de una norma) sino un mero interés de parte (posiblemente de calendario electoral o de permanencia a toda costa en el poder mediante el favorecimiento de los grupos que apoyan al político impulsor de la norma).

No voy a entrar en los aspectos de técnica jurídica y en los puntos dudosos que suscita la actuación del Tribunal Constitucional, porque eso, al menos filosóficamente, pasa a un segundo plano. Solo mencionar de pasada que la división en bloques de los magistrados, votando conforme al "mandato" del partido al que deben el cargo, dice muy poco en favor de la calidad moral de tales magistrados, y suscita la sospecha de que también los magistrados votan conforme a su interés particular y no conforme a la ley moral.

Lo que ocurre con la decisión del Tc es que se ha expresado antes de la tramitación. Sea como proposición de ley o como proyecto de ley, aun no se había aprobado. Al parlamento le corresponde elaborar y aprobar las leyes y al Tc, con posterioridad, determinar si dichas leyes ya aprobadas, publicadas y en vigor, vulneran derechos fundamentales. Se ha presentado un recurso de amparo y se ha resuelto sin estar la ley aprobada y no por la sala o sección en la que recaiga por orden de reparto para su resolución sino por el pleno convocado de urgencia y con el voto en contra de dos de los magistrados que debían haberse abstenido o debían haber sido recusados por haber caducado su mandato, siendo jueces y parte y desequilibrando la votación hacia los intereses de un lado.

¿Y con el gobierno?, pues que ha aprovechado la modificación de dos delitos en el código penal para abordar el nombramiento de magistrados del TC con cargos caducados. Tras muchos meses de negociaciones entre Gobierno y oposición y más de 30 motivos diferentes de ésta última para romperlas, el asunto queda bloqueado. De esta forma se ha valido de la proposición de ley para saltarse esos informes técnicos. El procedimiento no ha sido ilegal, ha sido efectivo para sus intereses.

Desde hace algunos años, la posibilidad de formar mayorías de gobierno está siendo cada vez más difícil y lejos de hacer política de acuerdos, las posiciones se han polarizado. Quien tiene mayoría de afines en el órgano de gobierno de los jueces y en el Tribunal Constitucional puede frenar la labor del Gobierno al que, por recuento de votos, no pertenece.

Es difícil hacer un juicio moral sobre actuaciones partidistas, pues si el imperativo categórico representa una acción como objetivamente necesaria, ajena a cualquier fin perseguido, todas estas acciones están dirigidas como medio para otra cosa, lo que las aproximas más al imperativo hipotético, el que dice que una acción es buena para algún propósito posible o real.

Si nos fijamos en las palabras de Hernando en el año 2018 son completamente contrarias a lo que defienden su partido en el año 2022, es decir, cuando el PSOE ocupa esa posición defendida en 2018 por el PP, la respuesta es la contraria lo cual lo aleja mucho de la formulación universal e independiente de la posición que ocupemos en cada caso.

El principio de autonomía de la voluntad convierte mi elección en un querer la ley universal, una ley para sí misma al margen de cualquier modalidad de objetos del querer, sin embargo, el regirse por intereses ideológicos o partidistas, supone que la voluntad no se da la ley a sí misma sino que la ley la da el objeto querido, el interés deseado. La ley en su modalidad de proposición para su aprobación o de proyecto, se está elaborando más por un quiero hacer algo que como un debo hacerlo, lo mismo que la decisión alcanzada por el Tc pero éste pasándose de frenada, al inmiscuirse en la labor que el poder legislativo debe llevar a cabo en ejercicio de su independencia.

Kant nos dirá que el imperativo moral y por ende categórico exige hacer abstracción de todo objeto para evitar que influya en la voluntad “a fin de que la razón práctica (la voluntad) no sea una simple administradora del interés ajeno, sino que simplemente demuestre su propia autoridad imperativa como legislación suprema”, de lo contrario, como creo que está ocurriendo en nuestro panorama político, el fundamento de la moralidad lo está siendo la heteronomía y el impulso de los intereses propios.

Me he equivocado, Xna, y te he dado me gusta sin querer. Tómalo como una muestra de respeto y no de conformidad.
El recurso de amparo, por lo que tengo entendido, es perfectamente admisible en estos casos, y precisamente tiene por objeto, como ha dicho Nolano, impedir que se vulneren, en el procedimiento de aprobación, los principios constitucionales. Las normas están sujetas a un control tanto en su elaboración como en cuanto a su contenido, una vez aprobadas.

Por lo demás, invocar a Kant en este tema me parece como pedir a dos bandas rivales que, en mitad de un tiroteo, recen un avemaría.

Después de todo lo que pasó, toca alegrarse, se aprobó la ley trans!!!!!!

¿En serio que es motivo de celebración que alguien con 14 años puede cambiarse de sexo registral sin informes médicos ni autorización paterna o de tutor legal?
Personalmente me da bastante igual. Lo que no me parece bien es que haya cupos para personas transexuales en la administración, a modo de que se les de una ventaja competitiva como si fuera una 'tara' ser transexual. ¿En qué quedamos? ¿Como se fomenta la inclusión? ¿Por discriminación positiva o por méritos?